La decisión tomada este jueves 17 de marzo por la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo –por 17 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones– de instar a España al cierre de todos los pozos ilegales del Parque de Doñana y detener los pasos del proyecto gasístico de esta zona protegida vuelve a sacar los colores a las autoridades españolas por su política desidiosa respecto al respeto y la defensa del gran pulmón de Europa, una de las zonas más sensibles y vitales para el mantenimiento del ecosistema continental.
El informe elaborado tras la visita que la delegación parlamentaria realizó al Parque de Doñana en septiembre de 2018 no puede ser más claro y contundente.
El informe aprobado solicita, entre otros asuntos, el cierre inmediato de los pozos ilegales de la zona y que se «detengan lo pasos» del proyecto para almacenamiento de gas en el subsuelo. Así, el informe parlamentario solicita «a las autoridades nacionales, regionales y locales y a la Autoridad del Agua del Guadalquivir que continúen trabajando juntos y fomenten el cierre de todos los pozos ilegales y que detengan de inmediato la extracción ilegal de agua existente». Pide además «la apertura de procedimientos de sanción pertinentes y efectivos contra los propietarios de estas infraestructuras».
Por todo ello, exigimos responsabilidades inmediatas ante una actitud tan negligente que ha conllevado incluso una seria llamada de atención por parte de las más altas autoridades europeas.
